Madrid, 9 de julio de 2010. Concluido el curso escolar, la Federación España Educa en Libertad hace balance de la situación, y adelanta su postura ante lo que puede suponer un nuevo ataque a la libertad de educación el próximo curso.

Con la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva el 5 de julio de 2010, el Gobierno ha dado un paso más en la invasión de un terreno que no le pertenece, la formación de la conciencia de los menores, con la imposición de su visión ideológica de la sexualidad.

El pasado curso ha habido miles de padres en toda España que han defendido sus derechos frente a esta invasión del Estado que se inició con Educación para la Ciudadanía (EpC). En muchos casos sus hijos se han mantenido todo el curso fuera de las aulas, como objetores de conciencia, lo que no les ha impedido promocionar o titular a pesar del suspenso; otros han decidido que sus hijos entraran en clase, por imperativo legal, permaneciendo muy atentos a los contenidos que se imparten. “Lo cierto es que la aparente normalidad del conflicto real de Educación para la Ciudadanía se debe a la presión de los padres, ya que en gran parte de los centros la realidad es que no se cumplen los Reales Decretos del Ministerio, absolutamente adoctrinadores en su diseño, debido a esta presión de los objetores. EpC, en la mayoría de los casos, no es en la práctica el proyecto ideológico que había diseñado este Gobierno”, afirma Marisa Pérez Toribio, presidenta de España Educa en Libertad, Federación nacional de plataformas y asociaciones por la libertad de educación

Los padres, que ya alzaron la voz contra Educación para la Ciudadanía, siguen firmes en la defensa del derecho a educar a sus hijos en libertad. “Seguiremos adoptando  todas las medidas a nuestro alcance para que evitar que se siga instrumentalizando la escuela al servicio de  ideología”, recuerda Paco Prián, presidente de FEPALEMUR, la Federación de Padres por la Libertad de Educación de la Región de Murcia, y miembro de España Educa en Libertad. “Ante la actuación de este Gobierno conviene recordar lo que dijo la sentencia del Supremo: ‘Las materias que el Estado, en su irrenunciable función de programación de la enseñanza, califica como obligatorias no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española. En una sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa –ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores- quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas. Estas pertenecen al ámbito del libre debate en la sociedad civil, donde no se da la relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales. Todo ello implica que cuando deban abordarse problemas de esa índole al impartir la materia Educación para la Ciudadanía   –o, llegado el caso, cualquiera otra- es exigible la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento.’ “Esto que ha dicho el Supremo es absolutamente incompatible con la introducción en la escuela de la visión de la sexualidad que pretende el Gobierno. Deberían reconsiderar la aplicación de esta ley que está pendiente, además, de un recurso de inconstitucionalidad”, afirma Prián.

Por otra parte, los padres van a seguir defendiendo sus derechos en los Tribunales. Como ha afirmado Francisco José Ramos Vega, abogado de las plataformas de padres de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid, “las sentencias del TSJ de Castilla y León, que reconocían el derecho de los padres, y que han sido anuladas por el Tribunal Supremo han sido ya recurridas en amparo ante el Tribunal Constitucional. Este alto Tribunal tendrá que pronunciarse ahora acerca de si en la configuración normativa de EpC el Gobierno se ha extralimitado y ha vulnerado derechos constitucionales”. Hay procesos judiciales abiertos en otras comunidades, que también siguen su curso.

“En septiembre vuelve EpC, y si el Gobierno persiste en su deriva totalitaria y su política de hechos consumados, empieza la Educación Sexual Obligatoria, cuyo articulado concreto desconocemos de momento. Los padres estaremos muy atentos y adoptaremos las medidas concretas cuando conozcamos en qué va a consistir y cómo se va a impartir. El Tribunal Supremo dijo algo obvio, que en la Escuela no se puede adoctrinar, y cualquiera que se deslice hacia ese terreno tendrá enfrente padres que defenderán sus derechos y no permitirán que eso ocurra”, afirma Pérez Toribio. “Cada padre decidirá en conciencia cómo hace frente a esta intromisión del Estado, pero lo que perseguimos es lograr una solución definitiva que blinde los centros frente al adoctrinamiento.  Seguiremos informando a los padres, apoyándoles en sus decisiones y  comprometiéndonos en todo aquello que suponga la mejora del sistema educativo para que la libertad de educación sea una realidad.”

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Madrid, 4 de marzo de 2009

Un adelanto de lo que viene se encuentra en el juego interactivo elaborado por Cruz Roja Juventud, recomendado por el Ministerio de Educación y financiado el Ministerio de Sanidad. Dirigido a chavales de 15 años, muestra lo que se supone una fiesta normal entre jóvenes en la que los chicos se encuentran y tras un rato se les incita a “conocerse” un poco más en «un lugar íntimo» pero, eso sí, con preservativo. Luego, siguiendo con el juego interactivo, el chico o la chica tiene que elegir pareja, de diferente sexo o del mismo sexo, y seleccionar las opciones de «relaciones sexuales» (besos, masturbación, sexo oral, caricias, uso/intercambio de juguetes sexuales y sexo anal) en las que es necesario o no utilizar preservativo.

Como explica Inmaculada López, portavoz de España Educa en Libertad, «este modelo de sexualidad ya es muy conocido: adolescentes que se enrrollan y cuya única obligación, casi un dogma, es llevar preservativo. La cuestión es que este modelo, a partir del curso que viene, ya no va a ser opcional sino obligatorio a partir de los 11 años. Pero nadie ha preguntado a los padres si quieren educar a sus hijos en este modelo de sexualidad de «usar y tirar» en el que el desarrollo de la personalidad, los sentimientos y la responsabilidad no cuentan para nada.».

López aludía también al ataque continuo que desde los poderes público se hace a la libertad de educación “ así, como ya viene siendo habitual desde la imposición de Educación para la Ciudadanía, el gobierno vuelve a arrogarse un papel que no le corresponde y nos roba otra vez a los padres nuestro papel de primeros educadores de nuestros hijos, saltándose sin ningún pudor el derecho que tenemos a educar a nuestros hijos según nuestras propias convicciones”.

España Educa en Libertad ha suscrito, junto a 150 entidades, el Manifiesto por la Libertad de Educación, al que ya se han adherido miles de personas. En dicho documento, esta Federación de padres reivindica el derecho de los padres a decidir la educación sexual de sus hijos, oponiéndose a su imposición, una vez que ha sido aprobada la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, con carácter obligatorio, en todos los centros escolares y niveles educativos. Por eso han solicitado la retirada del aspecto educativo de esta ley que, invocando falsos derechos, invade la intimidad de los niños y les impone un modelo de sexualidad como el que aparece en este juego.

(Se adjunta imagen de una de las pantallas del juego)

Para más información:

Inmaculada López Rodríguez.
Secretaria general de España Educa en Libertad  Tfno.: 618 043 181

Departamento de comunicación Federación España Educa en Libertad:
Mª Jesús Aranda Pérez Tfno. 649 600 130

MADRID, 22 de febrero de 2010.- Las organizaciones promotoras del Manifiesto por la Libertad de Educación que se presentó en Madrid y en otras localidades españolas el pasado día 20 de enero han solicitado a la Ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, que las reciba cuanto antes.

Por medio de una carta, la mayoría de las asociaciones que dieron a conocer la declaración le piden que “haciendo un hueco en su muy apretada agenda, tenga a bien recibir lo antes posible a una delegación” que las represente.

La misiva, a la que adjuntan el Manifiesto, esboza la valoración que les merecen las medidas en los ámbitos sanitario y educativo contenidas en los artículos 9 y 10 del Proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Aunque esperan poder explicárselo “de forma detallada”, exponen a la Ministra que “lo previsto en el texto que actualmente se tramita en el Parlamento” vulnera los derechos de los padres en relación con la educación moral y religiosa de sus hijos, “puesto que la formación en el ámbito de la sexualidad conlleva una dimensión moral indiscutible”.

Así mismo, defienden que, “al tratarse de una cuestión sobre la que no existe un ‘generalizado con senso moral’, se aparta de la neutralidad ideológica que ha de pre sidir el sistema educativo”, como exige el Tribunal Supremo en sus sentencias sobre Educación para la Ciudadanía.

Por otra parte, quienes suscriben el escrito recuerdan que “la formación básica conceptual sobre la sexualidad humana se aborda con rigor en diversas asignaturas del currículo”, por lo que estiman “innecesaria la introducción” de las actividades que prevé el proyecto gubernamental.

Rechazan igualmente “que los encargados de llevar a cabo esas actividades vayan a ser profesionales sanitarios ajenos a los centros docentes, que serán designados e impuestos por las administraciones públicas”, lo que en el caso de los centros con ideario propio constituye “una clara intromisión estatal”.

Por todo ello, las entidades promotoras del Manifiesto por la Libertad de Educación reclaman al Gobierno “la retirada de los aspectos educativos” de esa propuesta legislativa, algo que juzgan estrictamente necesario para que queden garantizados tanto “la neutralidad ideológica” que la Constitución impone a los poderes públicos, como “el derecho de los padres a la elección de la formación moral de sus hijos” amparado por nuestra Carta Magna y por numerosos tratados internacionales.

Entre las entidades que remiten la carta figuran, además de España Educa en Libertad y las plataformas de objetores a Educación para la Ciudadanía, organizaciones como la Fundación Derecho y Libertad de Barcelona, la Asociación de Docentes Santo Tomás de Aquino, el Centro Jurídico Tomás Moro, la Asociación Católica de Maestros de Valencia, la Asociación Familiar Viguesa, Profesionales por la Ética, la Asociación Charles Péguy, HazteOir.org, Chequeescolar.org, Kyrios, Constitución y Libertad, la Asociación Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba o el periódico digital Aragón Liberal.

Se accede a la lectura del Manifiesto por la Libertad de Educación en la web de España Educa en Libertad: http://www.españaeducaenlibertad.org/

En ella pueden también formalizar sus adhesiones quienes estimen oportuno apoyar activamente esta iniciativa cívica. Lo han hecho ya centenares de entidades y varios miles de particulares, la mayor parte de los cuales han detallado su actividad profesional. El 39% son personas relacionadas con el ámbito de la educación y más del 11% de ellas trabajan en la Sanidad, siendo ambas las dedicaciones mayoritarias. Aunque en menor medida, también son llamativos el 10,5% de ingenieros y arquitectos o el 7% de abogados y juristas.

Para más información:

Marisa Pérez Toribio, presidenta de España Educa en Libertad

Tfno.: 617812172

federacionesel@gmail.com

MADRID, a 27 de enero de 2010.- En la mañana de hoy, representantes de la Federación de Plataformas de Padres España Educa en Libertad han entregado en la sede nacional del Partido Popular una carta dirigida al presidente de esta formación política, Mariano Rajoy, en la que le solicitan una entrevista. Junto con la carta han hecho entrega de una carpeta con un breve dossier de la campaña que las plataformas de padres y distintas asociaciones van a desarrollar bajo el lema “Haz volar la Libertad de Educación” cuyo símbolo, una cometa roja, representa la libertad que los padres reclaman y su respuesta a la intromisión del Estado en sus familias a través de Educación para la ciudadanía y la educación sexual obligatoria que el gobierno pretende imponer.

En ese encuentro, los portavoces de la mayor parte de las familias cuyos hijos siguen sin asistir a las clases de Educación para la Ciudadanía (EpC) quieren exponerle al jefe de la oposición su valoración de las propuestas “para un pacto por la reforma y mejora de la educación” que el PP hizo públicas la semana pasada en Toledo.

En lo que se refiere a las modificaciones del estatus académico de las polémicas asignaturas que plantea el citado partido, España Educa en Libertad entiende que su aplicación “representaría un sustancial avance en Primaria y sobre todo en Bachillerato”, pero estima “que las fórmulas propuestas para los dos cursos de la ESO en los que se imparten” no son “las más idóneas”.

Además de explicarle detalladamente sus ideas sobre ese particular, los dirigentes de la Federación quieren hacer partícipe a Mariano Rajoy de su preocupación por “las medidas en el ámbito educativo” previstas en los artículos 9 y 10 del proyecto de ley del aborto, que sigue su tramitación parlamentaria. Así mismo, pretenden trasladarle su “profundo disgusto por las actuaciones que en el conflicto de EpC están llevando a cabo” los gobiernos ‘populares’ de varias comunidades autónomas.

En los párrafos finales del escrito, los padres manifiestan a Rajoy su esperanza en que su disposición al diálogo directo con ellos sea mayor que la del ministro Gabilondo, a quien han solicitado “reiterada e infructuosamente” que les “dé la oportunidad de plantear con detalle” sus reivindicaciones.

Por último, la carta resalta que “unos minutos de diálogo abierto y sincero pueden servir para hallar un punto de encuentro” entre el PP y el movimiento objetor, “pues las diferencias en modo alguno son insalvables”.

Su portavoz José Ignacio Martínez explica por qué España Educa en Libertad quiere exponer sus puntos de vista tanto al Gobierno como a la oposición: “Si hemos solicitado varias veces una entrevista con D. Ángel Gabilondo –que se niega a hablar con nosotros y sólo con nosotros, él sabrá por qué– y si pedimos al presidente del PP que nos reciba, es porque consideramos que las decisiones que afectan a la educación de nuestros hijos no se deben adoptar sin que los principales educadores, que somos los padres, participemos en ellas”.

“El conflicto de EpC dura 3 años –añade– y ni sus dos antecesoras ni el actual Ministro de Educación nos han querido recibir, a pesar de que el Sr. Gabilondo ha asegurado en varias ocasiones estar dispuesto a ello; esperamos que el Sr. Rajoy no siga ese mal ejemplo y nos reciba en breve espacio de tiempo”.

En cuanto a la opinión que a la Federación le merecen las propuestas del PP sobre EpC, Martínez asegura que “con algunos cambios y concreciones que queremos detallar a su presidente, podrían ser aceptables para los padres objetores”.

Por último, el portavoz de España Educa en Libertad se lamenta del trato que “algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP dispensan a las familias objetoras”. A su juicio, “su forma de actuar es bastante incoherente con lo planteado por su partido en las propuestas para el pacto educativo”. “Nos gustaría recibir alguna explicación al respecto y poder hallar juntos la manera de revertir esta situación”, añade finalmente.

Para más información:

José Ignacio Martínez Moreno, portavoz de España Educa en Libertad.

Tfno. 653 890 931

direccionlcs@logiccontrol.es

Departamento de Comunicación de España Educa en Libertad:

Mª Jesús Aranda Pérez. Tfno. 649 600 130

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