Madrid, 9 de julio de 2010. Concluido el curso escolar, la Federación España Educa en Libertad hace balance de la situación, y adelanta su postura ante lo que puede suponer un nuevo ataque a la libertad de educación el próximo curso.

Con la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva el 5 de julio de 2010, el Gobierno ha dado un paso más en la invasión de un terreno que no le pertenece, la formación de la conciencia de los menores, con la imposición de su visión ideológica de la sexualidad.

El pasado curso ha habido miles de padres en toda España que han defendido sus derechos frente a esta invasión del Estado que se inició con Educación para la Ciudadanía (EpC). En muchos casos sus hijos se han mantenido todo el curso fuera de las aulas, como objetores de conciencia, lo que no les ha impedido promocionar o titular a pesar del suspenso; otros han decidido que sus hijos entraran en clase, por imperativo legal, permaneciendo muy atentos a los contenidos que se imparten. “Lo cierto es que la aparente normalidad del conflicto real de Educación para la Ciudadanía se debe a la presión de los padres, ya que en gran parte de los centros la realidad es que no se cumplen los Reales Decretos del Ministerio, absolutamente adoctrinadores en su diseño, debido a esta presión de los objetores. EpC, en la mayoría de los casos, no es en la práctica el proyecto ideológico que había diseñado este Gobierno”, afirma Marisa Pérez Toribio, presidenta de España Educa en Libertad, Federación nacional de plataformas y asociaciones por la libertad de educación

Los padres, que ya alzaron la voz contra Educación para la Ciudadanía, siguen firmes en la defensa del derecho a educar a sus hijos en libertad. “Seguiremos adoptando  todas las medidas a nuestro alcance para que evitar que se siga instrumentalizando la escuela al servicio de  ideología”, recuerda Paco Prián, presidente de FEPALEMUR, la Federación de Padres por la Libertad de Educación de la Región de Murcia, y miembro de España Educa en Libertad. “Ante la actuación de este Gobierno conviene recordar lo que dijo la sentencia del Supremo: ‘Las materias que el Estado, en su irrenunciable función de programación de la enseñanza, califica como obligatorias no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española. En una sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa –ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores- quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas. Estas pertenecen al ámbito del libre debate en la sociedad civil, donde no se da la relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales. Todo ello implica que cuando deban abordarse problemas de esa índole al impartir la materia Educación para la Ciudadanía   –o, llegado el caso, cualquiera otra- es exigible la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento.’ “Esto que ha dicho el Supremo es absolutamente incompatible con la introducción en la escuela de la visión de la sexualidad que pretende el Gobierno. Deberían reconsiderar la aplicación de esta ley que está pendiente, además, de un recurso de inconstitucionalidad”, afirma Prián.

Por otra parte, los padres van a seguir defendiendo sus derechos en los Tribunales. Como ha afirmado Francisco José Ramos Vega, abogado de las plataformas de padres de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid, “las sentencias del TSJ de Castilla y León, que reconocían el derecho de los padres, y que han sido anuladas por el Tribunal Supremo han sido ya recurridas en amparo ante el Tribunal Constitucional. Este alto Tribunal tendrá que pronunciarse ahora acerca de si en la configuración normativa de EpC el Gobierno se ha extralimitado y ha vulnerado derechos constitucionales”. Hay procesos judiciales abiertos en otras comunidades, que también siguen su curso.

“En septiembre vuelve EpC, y si el Gobierno persiste en su deriva totalitaria y su política de hechos consumados, empieza la Educación Sexual Obligatoria, cuyo articulado concreto desconocemos de momento. Los padres estaremos muy atentos y adoptaremos las medidas concretas cuando conozcamos en qué va a consistir y cómo se va a impartir. El Tribunal Supremo dijo algo obvio, que en la Escuela no se puede adoctrinar, y cualquiera que se deslice hacia ese terreno tendrá enfrente padres que defenderán sus derechos y no permitirán que eso ocurra”, afirma Pérez Toribio. “Cada padre decidirá en conciencia cómo hace frente a esta intromisión del Estado, pero lo que perseguimos es lograr una solución definitiva que blinde los centros frente al adoctrinamiento.  Seguiremos informando a los padres, apoyándoles en sus decisiones y  comprometiéndonos en todo aquello que suponga la mejora del sistema educativo para que la libertad de educación sea una realidad.”

Madrid, 24 de mayo de 2010. En las próximas semanas, nuevos demandantes se sumarán al proceso judicial abierto por los padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La demanda fue presentada el pasado 19 de marzo por Profesionales por la Ética y Alliance Defense Fund (ADF), entidad especializada en la defensa de los derechos fundamentales. Por su parte, el prestigioso European Center for Law and Justice (ECLJ) proporciona asistencia técnica en la demanda.

A fecha de hoy la demanda afecta a un centenar de niños cuyos padres han objetado a este conjunto de asignaturas; son familias de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid y Región de Murcia.

Como explica Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética y padre demandante en Estrasburgo, la demanda fue admitida a trámite con la referencia Demanda nº 15976 / 10 y en la actualidad siguen su curso procesal de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de dicho Tribunal. Este ha manifestado interés en el conflicto de EpC y ha solicitado ya nuevos aportes documentales a los representantes de los demandantes.

«Tal como anunciamos en 2006, en los inicios de la oposición social a las asignaturas de EpC, desde Profesionales por la Ética manifestamos que, en la defensa de los derechos de los padres utilizaríamos todos los medios legítimos a nuestro alcance y que llegaríamos hasta donde fuera necesario, incluido el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, siempre que hubiese padres que así lo deseasen. En virtud de este compromiso se apoyó la presentación de la demanda en Estrasburgo y se mantienen abiertos un buen número de procesos ante los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia y, en vía de amparo, ante el Tribunal Constitucional».

La defensa de las libertades fundamentales de educación y de conciencia prosigue, por tanto, en su ámbito internacional. Los padres continúan al margen de las disputas políticas españolas y frente a los planes del Gobierno y a la indiferencia de la oposición. Lamentablemente, los intereses personales y electorales de muchos se sitúan por encima de los derechos de los padres.

Madrid, 24 de marzo de 2010.- El pasado 19 de marzo, varias decenas de familias de diversas regiones españolas, en representación de 305 demandantes, acudieron a Estrasburgo a presentar un recurso contra el Estado español en nombre de 105 alumnos objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC). Junto con los abogados que han elaborado la demanda, hicieron entrega de la misma en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Marisa Pérez Toribio, presidenta de la Federación España Educa en Libertad, y José Ignacio Martínez, portavoz de la misma entidad. Ahora también en los tribunales europeos, los padres, verdaderos protagonistas de esta batalla por la libertad, siguen adelante en la defensa de su derecho a educar a sus hijos según sus convicciones; un derecho que el Gobierno de España, con la colaboración de las Administraciones autonómicas, pretende arrebatarles mediante la aplicación de los actuales currículos de las asignaturas de EpC.

Los padres objetores, agrupados en las plataformas que aglutina España Educa en Libertad, han abierto pues una nueva vía para la defensa de sus derechos fundamentales, con el asesoramiento jurídico de Profesionales por la Ética y Alliance Defense Fund, y anuncian que, tras esta primera demanda conjunta, tienen la determinación de plantear cuantas sean necesarias. «Siempre hemos dicho que utilizaremos todos los medios lícitos a nuestro alcance y éste es un paso más. Esperamos que los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) valoren la gravedad de la situación de estas familias, que han visto cómo las administraciones públicas violan sus derechos fundamentales, y requieran al Estado español para que cese en su intento de expropiar a los padres la educación moral de sus hijos», manifiesta José Ignacio Martínez.

Las plataformas cívicas que luchan por la libertad de educación conocen muy de cerca cada uno de los casos que se han presentado ante el TEDH. Detrás de cada demanda hay una familia que lleva años defendiendo sus derechos frente a la intromisión ilegítima de los poderes públicos. El conflicto ha traspasado ya nuestras fronteras y esta violación de derechos fundamentales por parte del Estado español ha hallado eco tanto en la prensa europea como en la americana.

«Es incomprensible que ante esta situación, con decenas de miles de objeciones de conciencia presentadas y miles de padres e hijos inmersos en procesos judiciales, ya de dimensiones internacionales, el Gobierno español y los ejecutivos autonómicos sigan mirando para otro lado», asegura Marisa Pérez Toribio. «Lo cierto -añade- es que, a lo largo de estos años de conflicto, ningún ministro de Educación se ha querido reunir con los padres para tratar de resolver la situación. El actual responsable de la política educativa, Ángel Gabilondo, está tratando de alcanzar a toda costa un forzado pacto educativo, en el que se niega a incluir una cuestión fundamental como la de Educación para la Ciudadanía, que es causa de una demanda en Estrasburgo contra el Estado español, en plena presidencia española de la Unión Europea. Una demanda que, si el Ministro hubiese cumplido su palabra y se hubiese atrevido a recibirnos y a escuchar nuestras propuestas, quizás no hubiera sido necesaria».

Finalmente, la presidenta de España Educa en Libertad alerta sobre el riesgo que asumirían el Gobierno y sus interlocutores si alcanzaran un acuerdo en materia educativa que no incluyera la reforma del estatus académico de las asignaturas de EpC: «Ya adelantamos en su momento que cualquier pacto que no tenga en cuenta a los representantes de los padres objetores estará abocado al fracaso. No se puede abordar un pacto si quedan fuera del mismo cuestiones fundamentales, como el respeto a la obligada neutralidad ideológica del sistema educativo y la garantía de la libertad de los padres para decidir la formación moral de sus hijos. El Gobierno tiene en su mano la solución inmediata a este problema, renunciando a su arbitrariedad y cejando en su empeño de moldear conciencias y captar voluntades en la escuela. Esa es la única solución definitiva a este conflicto, y los padres no daremos un paso atrás hasta que sea una realidad».

Para más información:

Marisa Pérez Toribio, presidenta de España Educa en Libertad Tfno: 617 812 172

José Ignacio Martínez, portavoz de España Educa en Libertad.  Tfno. 653 890 931

info@forolaicosasidonia.org

Departamento de Comunicación de España Educa en Libertad:

Mª Jesús Aranda Pérez. Tfno. 649 600 130

federacionesel@gmail.com

Madrid, 23 de marzo de 2010. El pasado 19 de marzo una delegación de padres objetores a EpC (Educación para la Ciudadanía) presentó una demanda interpuesta por 300 españoles ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo en la que se acusa al Estado español de vulnerar nada menos que el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Según José Luis Bazán, director de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, «la demanda incluye 105 casos, con nombres y apellidos, de menores que están siendo acosados por objetar a alguna de las asignaturas de EpC. Y es que en estos procedimientos se están vulnerando el derecho a la vida privada, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y el principio de no discriminación contemplados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos». La demanda ha sido presentada por padres e hijos, aunque han actuado como representantes José Luis Bazán (Profesionales por la Ética), Roger Kitska (Alliance Defense Fund) y Francisco José Ramos Vega (abogado de los padres objetores). Los demandantes han contado, además, con el asesoramiento del European Center for Law and Justice, institución dedicada a la defensa jurídica de los derechos y las libertades fundamentales y de Lourdes Ruano, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Salamanca.

Bazán ha aclarado que este procedimiento jurídico es independiente de los procesos abiertos en España. «Se ha acudido directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de manera excepcional debido a la especial vulnerabilidad de los menores. Lo primero que hemos solicitado, con carácter de urgencia, es que el Tribunal dicte medidas cautelares que eximan a los alumnos objetores de la asistencia a clase. Tal como nos han indicado, esperamos que en los próximos días el Tribunal comunique estas medidas».

En todo caso, lo que se ha puesto de manifiesto en esta histórica demanda no es el problema de unos padres en particular sino el conflicto generado por un Gobierno y unas administraciones estatales y autonómicas (de diversos partidos) que ni siquiera se han dignado a recibir a los padres objetores. La Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética ha confirmado que estos 105 casos son los primeros de una larguísima serie.

La polémica EpC «made in Spain» ha traspasado las fronteras en plena presidencia española de la UE y ha puesto de manifiesto la oposición social a este conjunto de materias adoctrinadoras. Y eso que el Gobierno español ha asegurado que los derechos humanos eran su prioridad.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Teresa García-Noblejas
Departamento de Comunicación de Profesionales por la Ética
Teléfono 652881445
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Una delegación de 43 personas, en representación de los 300 demandantes contra el Estado español ha presentado hoy una demanda colectiva ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo (Francia).

En la demanda piden, con carácter urgente, la concesión de medidas cautelares que eximan a los alumnos objetores a Educación para la Ciudadanía de asistir a estas clases y de ser evaluados. Esta petición podría ser atendida en las próximas semanas.

Los abogados José Luis Bazán, Director de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, Francisco José Ramos, abogado de los padres objetores y Lourdes Ruano Espina como asesora jurídica, presentaron la demanda junto con Marisa Pérez Toribio y José Ignacio Martínez, que asistieron en representación de los demandantes.