Madrid, 9 de julio de 2010. Concluido el curso escolar, la Federación España Educa en Libertad hace balance de la situación, y adelanta su postura ante lo que puede suponer un nuevo ataque a la libertad de educación el próximo curso.

Con la entrada en vigor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva el 5 de julio de 2010, el Gobierno ha dado un paso más en la invasión de un terreno que no le pertenece, la formación de la conciencia de los menores, con la imposición de su visión ideológica de la sexualidad.

El pasado curso ha habido miles de padres en toda España que han defendido sus derechos frente a esta invasión del Estado que se inició con Educación para la Ciudadanía (EpC). En muchos casos sus hijos se han mantenido todo el curso fuera de las aulas, como objetores de conciencia, lo que no les ha impedido promocionar o titular a pesar del suspenso; otros han decidido que sus hijos entraran en clase, por imperativo legal, permaneciendo muy atentos a los contenidos que se imparten. “Lo cierto es que la aparente normalidad del conflicto real de Educación para la Ciudadanía se debe a la presión de los padres, ya que en gran parte de los centros la realidad es que no se cumplen los Reales Decretos del Ministerio, absolutamente adoctrinadores en su diseño, debido a esta presión de los objetores. EpC, en la mayoría de los casos, no es en la práctica el proyecto ideológico que había diseñado este Gobierno”, afirma Marisa Pérez Toribio, presidenta de España Educa en Libertad, Federación nacional de plataformas y asociaciones por la libertad de educación

Los padres, que ya alzaron la voz contra Educación para la Ciudadanía, siguen firmes en la defensa del derecho a educar a sus hijos en libertad. “Seguiremos adoptando  todas las medidas a nuestro alcance para que evitar que se siga instrumentalizando la escuela al servicio de  ideología”, recuerda Paco Prián, presidente de FEPALEMUR, la Federación de Padres por la Libertad de Educación de la Región de Murcia, y miembro de España Educa en Libertad. “Ante la actuación de este Gobierno conviene recordar lo que dijo la sentencia del Supremo: ‘Las materias que el Estado, en su irrenunciable función de programación de la enseñanza, califica como obligatorias no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española. En una sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa –ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores- quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas. Estas pertenecen al ámbito del libre debate en la sociedad civil, donde no se da la relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales. Todo ello implica que cuando deban abordarse problemas de esa índole al impartir la materia Educación para la Ciudadanía   –o, llegado el caso, cualquiera otra- es exigible la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento.’ “Esto que ha dicho el Supremo es absolutamente incompatible con la introducción en la escuela de la visión de la sexualidad que pretende el Gobierno. Deberían reconsiderar la aplicación de esta ley que está pendiente, además, de un recurso de inconstitucionalidad”, afirma Prián.

Por otra parte, los padres van a seguir defendiendo sus derechos en los Tribunales. Como ha afirmado Francisco José Ramos Vega, abogado de las plataformas de padres de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid, “las sentencias del TSJ de Castilla y León, que reconocían el derecho de los padres, y que han sido anuladas por el Tribunal Supremo han sido ya recurridas en amparo ante el Tribunal Constitucional. Este alto Tribunal tendrá que pronunciarse ahora acerca de si en la configuración normativa de EpC el Gobierno se ha extralimitado y ha vulnerado derechos constitucionales”. Hay procesos judiciales abiertos en otras comunidades, que también siguen su curso.

“En septiembre vuelve EpC, y si el Gobierno persiste en su deriva totalitaria y su política de hechos consumados, empieza la Educación Sexual Obligatoria, cuyo articulado concreto desconocemos de momento. Los padres estaremos muy atentos y adoptaremos las medidas concretas cuando conozcamos en qué va a consistir y cómo se va a impartir. El Tribunal Supremo dijo algo obvio, que en la Escuela no se puede adoctrinar, y cualquiera que se deslice hacia ese terreno tendrá enfrente padres que defenderán sus derechos y no permitirán que eso ocurra”, afirma Pérez Toribio. “Cada padre decidirá en conciencia cómo hace frente a esta intromisión del Estado, pero lo que perseguimos es lograr una solución definitiva que blinde los centros frente al adoctrinamiento.  Seguiremos informando a los padres, apoyándoles en sus decisiones y  comprometiéndonos en todo aquello que suponga la mejora del sistema educativo para que la libertad de educación sea una realidad.”

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Bruselas, 29 de junio de 2010.- Una delegación de la asociación Profesionales por la Ética encabezada por su presidente, Jaime Urcelay, presentó hoy, martes, en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas el informe elaborado por la asociación bajo el título «La versión española de Educación para la Ciudadanía: una agresión a la libertad de educación en Europa», en el que explica la dimensión europea de un conflicto que afecta a miles de familias españolas.

Como ha expuesto Jaime Urcelay ante medio centenar de eurodiputados del Grupo Popular Europeo (el mayoritario en el Parlamento), «amparándose en la Recomendación 12/2002 del Consejo de Europa y otras directrices europeas el Gobierno español implantó en 2006, sin el consenso deseable, un conjunto de materias escolares que conforman un área curricular, obligatoria y evaluable, denominada Educación para la Ciudadanía (EpC)».

«Aunque la denominación de las nuevas materias escolares españolas puede coincidir con la de las existentes en otros países europeos», ha aclarado Urcelay, «las diferencias son notables. En España, las asignaturas de EpC son obligatorias y evaluables y están destinadas expresamente (según reconoce el currículo legal) a formar la conciencia moral de los alumnos, introduciéndose en sus valores y en su intimidad personal y familiar.

Por su parte, Leonor Tamayo, Coordinadora de la Campaña de Objeción a EpC, ha recordado que los padres españoles han presentado, a lo largo de los tres últimos años, 55.000 declaraciones de objeción de conciencia a estas asignaturas, negándose a que sus hijos asistieran a las correspondientes clases.

«El conflicto», ha afirmado Tamayo, «ha dado lugar a más de 2. 000 procedimientos judiciales que no se han paralizado a pesar de que el Tribunal Supremo (en una votación muy dividida) negó a los padres la posibilidad de objetar a estas asignaturas. El pasado 19 de marzo, 305 españoles presentaran demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo por vulneración de derechos fundamentales. La demanda incluye 105 casos de menores que están siendo acosados por objetar a alguna de las asignaturas de EpC.

Por último, Urcelay ha concluido afirmando que «esta realidad aconseja una toma de conciencia por parte de las instituciones de la Unión Europea y, de manera muy especial, por parte de los representantes de la ciudadanía en su asamblea parlamentaria. El conflicto de EpC ha cruzado las fronteras españolas y ha adoptado una dimensión europea ya que están en juego derechos fundamentales amparados por la legislación comunitaria».

Por ese motivo, Urcelay ha anunciado la creación de la Red Europea de Libertad de Educación, una iniciativa impulsada por Profesionales por la Ética para promover el intercambio de información y experiencias y la coordinación de actuaciones entre entidades europeas que defiendan la libertad de los padres para educar a sus hijos.

En representación de los eurodiputados asistentes a la reunión, ha intervenido Jaime Mayor Oreja, vicepresidente del Grupo Popular Europeo, quien agradeció a la asociación el esfuerzo de haberse desplazado hasta Bruselas para presentar este trabajo.

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Madrid, 24 de mayo de 2010. En las próximas semanas, nuevos demandantes se sumarán al proceso judicial abierto por los padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La demanda fue presentada el pasado 19 de marzo por Profesionales por la Ética y Alliance Defense Fund (ADF), entidad especializada en la defensa de los derechos fundamentales. Por su parte, el prestigioso European Center for Law and Justice (ECLJ) proporciona asistencia técnica en la demanda.

A fecha de hoy la demanda afecta a un centenar de niños cuyos padres han objetado a este conjunto de asignaturas; son familias de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid y Región de Murcia.

Como explica Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética y padre demandante en Estrasburgo, la demanda fue admitida a trámite con la referencia Demanda nº 15976 / 10 y en la actualidad siguen su curso procesal de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de dicho Tribunal. Este ha manifestado interés en el conflicto de EpC y ha solicitado ya nuevos aportes documentales a los representantes de los demandantes.

«Tal como anunciamos en 2006, en los inicios de la oposición social a las asignaturas de EpC, desde Profesionales por la Ética manifestamos que, en la defensa de los derechos de los padres utilizaríamos todos los medios legítimos a nuestro alcance y que llegaríamos hasta donde fuera necesario, incluido el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, siempre que hubiese padres que así lo deseasen. En virtud de este compromiso se apoyó la presentación de la demanda en Estrasburgo y se mantienen abiertos un buen número de procesos ante los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia y, en vía de amparo, ante el Tribunal Constitucional».

La defensa de las libertades fundamentales de educación y de conciencia prosigue, por tanto, en su ámbito internacional. Los padres continúan al margen de las disputas políticas españolas y frente a los planes del Gobierno y a la indiferencia de la oposición. Lamentablemente, los intereses personales y electorales de muchos se sitúan por encima de los derechos de los padres.